La historia de la frontera sur del Imperio español suele encasillarse en dos extremos: o una crónica de guerra perpetua o un relato de resistencia "bárbara" y puramente visceral. Sin embargo, el siglo XVIII dejó un fenómeno político que rompe con nuestros esquemas modernos. El pueblo mapuche, al que las armas de Castilla jamás pudieron someter, se presentaba ante el mundo como "fiel vasallo" de la Monarquía Católica. ¿Por qué una sociedad celosa de su independencia aceptaría de buen grado el estatus de súbdito?
La respuesta no está en la sumisión, sino en la estrategia. Durante las reformas borbónicas —ese intento de la Corona por centralizar sus dominios, ajustar las riendas de sus colonias y exprimir la recaudación fiscal—, los mapuches demostraron una enorme astucia política. La rebelión de 1766 no fue un estallido de violencia ciega; fue un golpe preciso en el tablero internacional para recordarle al rey que sus funcionarios estaban violando los pactos que garantizaban la autonomía indígena.
Una pieza en el tablero de las revoluciones hispanoamericanas
Mirada desde una perspectiva atlántica, la rebelión de 1766 deja de ser un "malón" aislado en un rincón perdido del mapa. El levantamiento formó parte de la gran ola de protestas continentales que tambaleó la estructura del Imperio. Mientras en Quito estallaba la rebelión de los barrios (1765) y en Madrid el motín de Esquilache (1766), en la Araucanía los lonkos enfrentaban exactamente el mismo problema: un Estado que intentaba volverse absolutista y dejaba de lado su rol de negociador.
La historiografía tradicional suele desconectar este evento de los ciclos revolucionarios posteriores, como el de Túpac Amaru en 1780, lo cual es un error. El reformismo borbónico rompió el pacto implícito entre el monarca y los poderes locales. Para los mapuches, la idea de ser "reducidos" a pueblos coloniales no representaba ningún avance civilizatorio; era una agresión estatal directa que alteraba el estatus jurídico y territorial que habían consolidado tras un siglo de diplomacia y parlamentos.
El "régimen especial": La Araucanía y los fueros americanos
Para entender por qué los mapuches le juraban lealtad al rey, hay que entender cómo funcionaba la justicia de la época. La Monarquía Hispánica no era un bloque uniforme, sino un mosaico de reinos y pueblos con leyes particulares. Bajo el paraguas del *Ius Gentium* (derecho de gentes), los mapuches no se consideraban un pueblo vencido, sino "indios amigos" con un estatus especial.
Su situación guardaba un enorme parecido con la del Reino de Navarra, las Provincias Vascas o la provincia de Tlaxcala en México: territorios que mantenían sus fueros, su autogobierno y la exención de impuestos a cambio de reconocer la figura de la Corona. Los parlamentos, como el de Quilín en 1641, no eran rendiciones, sino tratados internacionales que blindaban una jurisdicción indígena autónoma. El análisis de Nicolás Ignacio Rojas sobre el Parlamento de Negrete lo refleja con claridad:
“Por el presente gobierno, conformándose a las soberanas intenciones del Rey, no se intenta alterar el modo en que han vivido y viven los indios, poseyendo cada uno sus tierras con independencia de otros, sin precisarlos a que se reúnan y congreguen en pueblos, por los inconvenientes que repetidas veces me han representado”.
"Viva el rey, muera el mal gobierno": El arte de culpar al burócrata
La habilidad política mapuche se vio con nitidez en la figura del lonko Agustín Curiñancu. En diciembre de 1766, con el levantamiento en pleno desarrollo, los rebeldes capturaron a Agustín de Burgoa, el oficial encargado de supervisar la construcción de las nuevas villas coloniales.
Durante el interrogatorio, Burgoa intentó intimidarlos asegurando que fundar esos pueblos era la "voluntad del rey" para que vivieran como cristianos ordenados. Curiñancu desarmó el argumento de inmediato: le advirtió que "debajo de juramento no se podía mentir" y que él sabía perfectamente que el proyecto de las villas no venía de la mente del monarca, sino que era un capricho del gobernador Guill y Gonzaga, de los jesuitas y de los burócratas locales.
Esta distinción era clave. Al separar la figura del rey (a quien asumían como justo) de la gestión del funcionario (a quien acusaban de corrupto), los mapuches podían rebelarse, arrasar las villas y expulsar a las tropas españolas sin ser catalogados técnicamente como traidores a la Corona. No luchaban contra el rey, sino por restaurar la legalidad de unos pactos que los ministros ilustrados pretendían borrar de un plumazo.
El fracaso del urbanismo ilustrado
El conflicto fue, en el fondo, un choque entre el urbanismo como método de control borbónico y la libertad de los rehues (la organización de clanes dispersos). El plan de anexión diseñado por el oidor Martín de Recabarren era sumamente agresivo y se apoyaba en tres estrategias:
- Bloqueo comercial: Cortar el flujo de mercancías clave (como el hierro) para asfixiar la economía interna y forzar la sumisión de las parcialidades.
- Avanzada defensiva: Levantar una red de fuertes y villas al sur del río Biobío, respaldada por milicias profesionales.
- Presión marítima: Enviar fragatas desde el Cabo de Hornos con colonos y soldados para cercar el territorio desde las costas del sur.
Aun con esta presión, la respuesta mapuche tuvo matices, lo que demuestra que no funcionaban como un bloque cerrado. Algunos lonko de Angol o Repocura aceptaron las villas al principio, atraídos por promesas de títulos y gobiernos perpetuos. Sin embargo, cuando la mayoría vio que el trasfondo era la pérdida de sus tierras, la rebelión liderada por Curiñancu unificó la resistencia. De las 39 villas proyectadas por el Imperio, solo se levantaron siete, y todas terminaron destruidas.
La victoria de la costumbre y el Parlamento de 1771
La crisis de 1766 no se cerró con una derrota militar española, sino con una retirada política de la Corona. En el Parlamento de Negrete de 1771, las autoridades coloniales tuvieron que dar marcha atrás. El gobernador Francisco Javier de Morales, exhausto tras una guerra de guerrillas que desangró las arcas públicas, reconoció formalmente que el proyecto de reducción era inviable.
Fue la victoria de la costumbre. Los líderes mapuches sostuvieron con éxito que su organización territorial venía de "tiempos inmemoriales", una categoría jurídica que en el Antiguo Régimen tenía un peso legal imbatible. La Corona desistió de agrupar a los indígenas en pueblos, validando por la vía de los hechos su derecho al autogobierno y frenando, al menos por un tiempo, el avance de la modernidad borbónica.
Una diplomacia en sus propios términos
La rebelión de 1766 echa por tierra la idea del indígena como un actor meramente reactivo o ajeno a la política de su época. Los lonkos e intermediarios de la Araucanía demostraron ser diplomáticos pragmáticos que entendían a la perfección el lenguaje jurídico del Imperio y sabían qué hilos mover para defender su territorio. No optaron por el aislamiento absoluto; eligieron relacionarse con el poder colonial, pero bajo sus propias condiciones, obligando a una potencia global a respetar sus libertades tradicionales.
FUENTE: "Las revueltas en la monarquía hispánica durante el siglo XVIII: El levantamiento mapuche de 17661". Nicolás Ignacio Rojas, Universidad de Chile nicolas.rojas.g@ug.uchile.cl
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