Para la mayoría de las personas, el conflicto Mapuche en Chile se reduce a titulares de prensa sobre quema de maquinaria, enfrentamientos y estados de excepción. La narrativa mediática a menudo se centra en la violencia, dejando en la sombra una realidad histórica y política mucho más profunda, compleja y, en muchos aspectos, sorprendente. Este enfoque superficial perpetúa la idea de un problema de seguridad interna, cuando sus raíces se hunden en tratados rotos, políticas de asimilación fallidas y una deuda que el Estado chileno arrastra desde su propia fundación.
Recientemente, el anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre una nueva "hoja de ruta", basada en las 21 propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, ha creado una ventana de oportunidad para analizar el conflicto desde una perspectiva más informada. Dejando de lado los estereotipos, es crucial examinar los hechos estructurales que lo definen. Este artículo explora cinco claves fundamentales, extraídas de documentos históricos e informes recientes, que son esenciales para comprender genuinamente la naturaleza del conflicto entre el Estado chileno y la Nación Mapuche.
1. Existió un Tratado Internacional (y una Frontera) Entre Chile y la Nación Mapuche
Poco después de su independencia, la joven República de Chile reconoció formalmente a la Nación Mapuche como una entidad soberana. El 7 de enero de 1825, ambos actores firmaron el Tratado de Tapihue para poner fin al sangriento período conocido como la "Guerra a Muerte". Este no fue un simple acuerdo, sino un tratado de paz con el peso y la forma de un pacto internacional entre dos naciones.
El contenido del tratado es revelador porque ataca directamente el mito fundacional de un Chile unitario, estableciendo en cambio una relación entre pares soberanos. Dos de sus estipulaciones son particularmente impactantes:
1. Reconocía explícitamente el río Bío-Bío como la "línea divisoria de estos nuevos aliados hermanos", estableciendo una frontera formal y reconocida.
2. Establecía jurisdicciones separadas. El artículo 19 del tratado dictaminaba que un chileno que cometiera un robo en territorio mapuche sería castigado por un Cacique, mientras que un mapuche que hiciera lo mismo en el lado chileno sería juzgado bajo las leyes de la República.
Este contexto histórico es fundamental. Resignifica el conflicto, transformándolo de un problema de orden público interno a las consecuencias de un acuerdo internacional incumplido y la posterior ocupación militar de un territorio cuya soberanía había sido previamente reconocida. El propio Presidente Boric invocó este momento histórico en su reciente discurso, aludiendo a la oportunidad de rectificar el camino, aunque citando la fecha de 1823, una pequeña imprecisión histórica para un tratado finalmente firmado en 1825 pero que no altera la potencia política de su gesto.
Hoy, 200 años después, tenemos una nueva oportunidad.
2. La Dictadura Intentó "Disolver" la Identidad Mapuche con Títulos de Propiedad Individuales
Un momento decisivo en la historia moderna del conflicto fue la promulgación del Decreto-Ley 2.568 en 1979 por la dictadura de Augusto Pinochet. Presentada como una política de modernización, su objetivo subyacente era la asimilación cultural a través de la ingeniería económica neoliberal. El propósito oficial era terminar con la propiedad comunitaria de la tierra, dividiendo las "reducciones" en parcelas de propiedad privada e individual. Según el discurso oficial, esto daría a los mapuche acceso a títulos de dominio y los integraría como "verdaderamente chilenos con los mismos derechos y deberes".
La lógica más profunda, sin embargo, era desmantelar la base de la identidad colectiva mapuche como parte de la "revolución capitalista" que se imponía en el país. Este proyecto buscaba disolver todas las formas de organización colectiva, y la comunidad mapuche, articulada en torno a la tierra comunal, era un objetivo principal. Al privatizarla, se buscaba insertar las tierras indígenas en el mercado y disolver la comunidad como actor político y cultural. Críticos de la época, como el sociólogo Cristian Vives, advirtieron que esta legislación conduciría a la "eliminación de una cultura".
Irónicamente, la consecuencia fue la opuesta a la esperada. Esta política, diseñada para la asimilación, actuó como un catalizador para el resurgimiento del movimiento mapuche. En respuesta directa a esta amenaza, se formaron nuevas organizaciones modernas como Ad Mapu, que articularon una resistencia política organizada en torno a los conceptos de autonomía y autodeterminación. Este ataque a la propiedad comunal no fue solo una política económica; fue un asalto a la misma base de la identidad mapuche, forzando una distinción que sigue siendo crucial para el conflicto hoy: la diferencia entre la simple tierra y el territorio colectivo.
3. No Es Solo Por "Tierra", Es Por "Territorio"
Un malentendido común es reducir el conflicto a una simple disputa por la posesión de hectáreas de tierra. Aunque la restitución de tierras es un componente central, la demanda mapuche se enmarca en un concepto mucho más amplio y profundo: el territorio. La distinción entre ambos términos es crucial para comprender la verdadera dimensión de sus reivindicaciones.
La tierra puede entenderse como un factor de sustento, un recurso económico o un bien productivo. Es un concepto ligado a la propiedad y al uso agrícola o forestal.
El territorio, en cambio, es la base física de la cultura, el desarrollo social y la identidad colectiva de un pueblo. Incluye no solo la tierra, sino también los recursos naturales, los espacios sagrados, los ríos y los ecosistemas que en él coexisten. Es el espacio donde un pueblo ejerce su derecho a decidir su propio futuro y a reproducir su cultura. En la práctica, esto significa que la lucha no es solo por la propiedad de un campo cultivable (tierra), sino por el ecosistema completo que le da sentido: la montaña sagrada que lo vigila, el río que lo nutre y los espacios ceremoniales que unen a la comunidad (territorio). Por lo tanto, la defensa del territorio no es solo una demanda económica, sino una lucha por la supervivencia cultural y la autonomía política.
4. La "Deuda Histórica" Ya Tiene Cifras Oficiales: US$4 Mil Millones y Casi 500.000 Hectáreas
El concepto de una "deuda histórica" del Estado de Chile con el pueblo Mapuche ha pasado de ser una reivindicación abstracta a una propuesta cuantificada, gracias al informe entregado a mediados de 2025 por la Comisión para la Paz y el Entendimiento. El documento ha puesto cifras concretas sobre la mesa, revelando la enorme escala del problema y el costo de una posible solución.
Los datos clave del informe, que ahora servirán de base para la hoja de ruta del gobierno, son contundentes:
* Una demanda de tierras estimada en 486.008 hectáreas.
* Un presupuesto propuesto de 4.000 millones de dólares para crear un nuevo fondo de adquisición y restitución de tierras.
* Un diagnóstico alarmante: con los mecanismos actuales, cumplir con la restitución de las tierras demandadas tomaría más de 100 años.
Independientemente del resultado político final, estas cifras proporcionan por primera vez una magnitud oficial de la deuda. Con la deuda ahora cuantificada en miles de millones, el consenso público abstracto (como veremos a continuación) se enfrenta a su primera prueba política y fiscal concreta.
5. La Mayoría de los Chilenos Apoya una Solución
A pesar de que el conflicto se presenta a menudo como un tema que polariza y divide irremediablemente a la sociedad chilena, los datos de opinión pública cuentan una historia diferente. Existe un amplio y sorprendente consenso entre la población sobre los fundamentos de la demanda mapuche y la responsabilidad del Estado.
Una encuesta realizada por Cadem en 2017 reveló un claro respaldo ciudadano a las reivindicaciones históricas. Los resultados muestran que la sociedad chilena reconoce la legitimidad del reclamo:
* El 77% de los chilenos cree que el Estado tiene una "deuda histórica" con el pueblo Mapuche.
* El 74% de los chilenos cree que los mapuche tienen derechos de propiedad sobre las tierras que consideran ancestrales.
Este dato es fundamental, pues sugiere que el principal obstáculo para una solución no es la falta de voluntad pública, sino la dificultad de la clase política para traducir este consenso en políticas de Estado. A menudo, esta brecha se explica por la influencia de poderosos intereses económicos, como los del sector forestal, que constituyen una barrera política más formidable que el propio sentir mayoritario de la ciudadanía.
Una Nueva Oportunidad, 200 Años Después
Lejos de ser un enigma irresoluble o un simple problema de delincuencia, el conflicto mapuche es la historia compleja de un tratado internacional roto, de políticas de asimilación que fracasaron en su intento de borrar una cultura y de conceptos sobre la vida y la tierra que chocan frontalmente. Sin embargo, el análisis de estos puntos clave demuestra que no es un callejón sin salida.
Hoy, por primera vez en décadas, un camino a seguir ha sido delineado con cifras concretas, propuestas específicas y un abrumador respaldo de la opinión pública. Con un diagnóstico claro y un apoyo ciudadano mayoritario, la pregunta ya no es qué se debe hacer, sino si existirá la voluntad política para hacerlo. ¿Tendrá Chile, 200 años después de firmar el Tratado de Tapihue, la capacidad de forjar finalmente una relación de respeto y paz con la Nación Mapuche?
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