La farsa de la gobernanza verde: Por qué los "guardianes de la biodiversidad" son invisibles para el Estado chileno

A nivel global, el discurso institucional ha entronizado a los pueblos indígenas como los "guardianes" definitivos de la naturaleza. No es para menos: sus territorios albergan el 80% de la biodiversidad mundial, pese a representar una fracción mínima de la población. En los pasillos de las Naciones Unidas, hitos como el Acuerdo de París y la creación de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP) —el primer órgano horizontal en la historia de la ONU que permite un diálogo paritario con los Estados— sugerían un cambio de paradigma. Sin embargo, al descender al terreno chileno, la realidad revela una brecha estructural profunda. Como experto en derechos indígenas y tras analizar la evidencia etnográfica de 41 entrevistas y años de observación, queda claro que la influencia de las comunidades en la política climática nacional sigue siendo un ejercicio de marginación sistemática disfrazado de inclusión.

El reconocimiento "en el papel" y la persistente invisibilidad

Al analizar la trayectoria de la política climática chilena entre 1995 y 2020, la ausencia de los pueblos indígenas es, en principio, absoluta. Las dos primeras Comunicaciones Nacionales ante la ONU (1999 y 2011) los omitieron por completo. Recién en documentos recientes, como la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de 2020, aparecen bajo una óptica reduccionista: son presentados como grupos "vulnerables" o meros datos demográficos, pero casi nunca como agentes con conocimientos vinculantes. Esta "participación en el papel" es una forma de violencia epistémica; se les reconoce como víctimas del clima para validar la agenda estatal, pero se les niega el estatus de sujetos políticos capaces de definir su propio futuro territorial.

La triple barrera del lenguaje: Un duelo de David contra Goliat

La exclusión no es solo política, es lingüística y técnica. La gobernanza climática en Chile opera bajo una geopolítica del conocimiento que impone el castellano técnico y, en instancias internacionales, el inglés como filtros infranqueables. Para un dirigente rural, la participación es un desafío de escala monumental: de los 41 líderes entrevistados en la investigación base, solo dos hablaban inglés fluido. Sin traducción financiada por el Estado —la cual fue denegada sistemáticamente—, la agencia internacional es imposible. Como bien señala un líder indígena:

"Imagine lo difícil que es para las comunidades indígenas participar en ese tipo de procesos en el contexto de extrema pobreza en que nos encontramos. Cómo comentar sendos documentos, sin asesores, sin tener los medios. Los empresarios tienen su staff de profesionales para armar sus propuestas... Es como David contra Goliat. No hay igualdad de condiciones". (Dirigente Indígena 20)

COP25: La trampa de la imagen y el silencio del micrófono

La presidencia chilena de la COP25 en Madrid fue el escenario perfecto para la instrumentalización estética. El Estado fomentó la creación del "Caucus Chileno Indígena" para exhibir una validación multicultural ante la comunidad internacional. Sin embargo, la realidad tras la foto oficial fue vergonzosa: durante la entrega del "Documento de Reflexión y Propuesta", la entonces Ministra de Medio Ambiente recibió el texto y abandonó la sala de inmediato. La dirigente que tomó la palabra tuvo que hablar sin micrófono en un entorno dominado por el inglés y el tecnicismo, relegando el saber indígena a un acto puramente simbólico y sin eco en las decisiones reales. Es la identidad indígena usada como decorado diplomático mientras los conflictos territoriales en Chile son silenciados.

Participación instrumental: El condicionamiento del Banco Mundial

¿Por qué el Estado chileno parece "escuchar" solo en ciertos proyectos? La respuesta no es la convicción, sino el financiamiento. En el caso de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de la CONAF, la consulta indígena se realizó únicamente para cumplir con las salvaguardas de REDD+ y los estándares del Banco Mundial (FCPF). Sin la presión de los fondos internacionales, la consulta probablemente no habría existido.

En territorios como la comunidad mapuche de Quinquén, en Lonquimay, esto genera una tensión epistemológica evidente. Los funcionarios estatales admiten que intentan "encajonar" (imponer) el problema del cambio climático en las comunidades, ignorando que para ellas el clima es inseparable de problemas estructurales como la desposesión de tierras. Un ejemplo crítico fue la reforestación tras el incendio en China Muerta: a pesar de la importancia socioecológica para Quinquén, la comunidad fue excluida de la planificación bajo el argumento de que era un "proyecto nacional" no negociable.

El vacío legal: La Ley Marco como denegación de derechos

El punto de quiebre más reciente ha sido la Ley Marco de Cambio Climático. El Ministerio de Medio Ambiente desestimó la consulta indígena para esta ley en dos ocasiones (2018 y 2020), recurriendo al tecnicismo de que la normativa "no afecta directamente" a los territorios. Esta decisión es una denegación de derechos ambientales de manual. Legislar sobre el clima sin el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos que habitan los ecosistemas más críticos es una extensión de la colonialidad del Estado, que prefiere tratar a las naciones originarias como objetos de asistencia y no como sujetos de derecho.

Hacia una justicia climática sin deudas históricas

Chile atraviesa un momento de transformación profunda. La reciente Convención Constitucional, con la presencia de escaños reservados y el liderazgo de una mujer mapuche en su presidencia, puso sobre la mesa conceptos antes impensables: plurinacionalidad, "buen vivir" y una Constitución Ecológica. Sin embargo, la inercia de las instituciones climáticas sigue siendo vertical y centralista.

Hoy, la pregunta que incomoda a la élite técnica y política es inevitable: 

¿Puede existir una transición justa si el Estado sigue tratando a los pueblos indígenas como sujetos de asistencia y no como naciones soberanas con derecho a veto ambiental? 

No habrá solución a la crisis climática mientras la justicia siga siendo un concepto que se detiene en la frontera de los territorios indígenas.